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INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE (IACC)
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última modificación:
18 November 1997

8th INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE

LIMA, PERU, 7 - 11 SEPTEMBER 1997

DECLARACIÓN DE LIMA



NOSOTROS, ciudadanos de 93 países, procedentes de todos los continentes, de países grandes y pequeños en distintas etapas de desarrollo, ricos y pobres, con variadas experiencias en el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

LUEGO de una discusión y profundo debate acerca de los medios para contener la corrupción en todas sus manifestaciones alrededor del mundo y unidos en nuestra visión de una era de cooperación nacional e internacional en el siglo XXI, en el cual el mal de la corrupción sea suprimido.

UNIDOS AHORA en esta Declaración de la VIII Conferencia Internacional Anticorrupción, celebrada en Lima, Perú, entre el 7 y el 11 de setiembre de 1997.

CONVENCIDOS de que la corrupción

  • erosiona la base moral de toda la sociedad;
  • viola los derechos económicos y sociales del pobre y del indefenso;
  • socava la democracia;
  • subvierte el imperio de la ley, que es la base de toda sociedad civilizada;
  • retrasa el desarrollo; y,
  • niega a la sociedad y, particularmente, a los pobres, los beneficios de la libre y abierta competencia.

CONSIDERANDO que

  • la lucha contra la corrupción es tarea de todos los miembros de cada sociedad;
  • la lucha compromete la defensa y el fortalecimiento de los valores éticos en todas las sociedades;
  • es esencial la formación de alianzas entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado;
  • la voluntad para entrar en dicha alianza constituye una verdadera prueba del compromiso de cada gobierno para eliminar la corrupción;
  • el papel de la sociedad civil es de especial importancia para vencer la resistencia de aquellos interesados en mantener el status quo y movilizar a las personas en apoyo de reformas significativas;
  • debe producirse una campaña sostenida contra la corrupción dentro del sector privado, que con el mayor proceso de privatización y desregulación, asume un papel cada vez más importante en actividades tradicionalmente desempeñadas por el estado;
  • y que son los líderes en toda sociedad quienes señalan el camino, conforme a la expresión "uno limpia la escalera comenzando por la parte más alta".

HACEMOS UN LLAMADO a los gobiernos, organismos regionales e internacionales, y a los ciudadanos de todo el mundo para movilizar esfuerzos y energías con el fin de que se nos unan en el logro de las siguientes acciones:

Acciones a nivel internacional y regional


  1. Las instituciones internacionales no sólo deben apoyar más firmemente el papel innovador que la sociedad civil debe cumplir en el desarrollo del buen gobierno sino que deben trabajar conjuntamente con ellas para el logro de tal fin. De igual modo deben trabajar juntos con el objeto de enfatizar los aspectos positivos de la globalización, limitando los elementos negativos de la misma.
  2. Debe terminarse con la práctica de que los pagos hechos por sobornos internacionales estèn sujetos a una deductibilidad de impuestos pues con ello los paìses exportadores subvencionan activamente y fomentan la corrupción de funcionarios en otros paìses.
  3. La OCDE deberá ultimar una Convención para penalizar el soborno de funcionarios extranjeros a fines del presente año y sus estados miembros deberán implementar dichas disposiciones antes de que finalice el año de 1998. Consecuentemente, la OCDE debe cumplir con un programa de seguimiento para asegurar la estricta aplicación de la Convención, asegurando su transparencia mediante la participación de la sociedad civil.
  4. Todos los estados de las Américas deberán ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción (OAS) antes de la celebración de la Cumbre de las Américas en Santiago de Chile, en abril de 1998. Elogiamos el Tratado como un excelente ejemplo de cooperación regional contra la corrupción a ser considerado por otras regiones.
  5. El Banco Mundial y el FMI (IMF) deberán acelerar la implementación de sus nuevas políticas anticorrupción iniciadas por su Presidente J. Wolfensohn y su Director Gerente M. Camdessus, respectivamente, y en particular en lo que atañe a la suspensión de prèstamos a los gobiernos que no aborden adecuadamente el tema de la corrupción.
  6. La Unión Europea deberá acelerar la implementación de sus propias políticas anticorrupción recomendadas por la Comisión de las Comunidades Europeas en mayo de 1997; todos sus estados miembros deberán ratificar la Convención de la Unión Europea sobre Corrupción adoptada el 26 de mayo de 1997. Por su lado, todos los estados miembros del Consejo de Europa deberán unirse al grupo de trabajo multidisciplinario contra la corrupción a fin de asegurar que la Cumbre del Consejo, a llevarse a cabo en octubre de 1997, produzca resultados concretos.
  7. Debe apoyarse la acción de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción y, en tal sentido, los estados deben implementar la Declaración de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Soborno y el Código de Conducta Internacional para Funcionarios públicos . Por otro lado, los organismos financieros internacionales y los paìses donantes deben continuar apoyando las actividades de cooperación tècnica de las Naciones Unidas.
  8. La Organización Mundial de Comercio debe unirse a todos estos esfuerzos mundiales y comenzar a considerar el serio impacto de la corrupción en el comercio mundial.
  9. Todos los organismos de ayuda, bilaterales y multilaterales, conjuntamente con sus socios para el desarrollo, deben encontrar maneras prácticas de vencer la corrupción en sus programas para el desarrollo.
  10. Los organismos financieros deben incrementar su asistencia con el fin de fortalecer los programas nacionales de integridad para el combate contra la corrupción. En particular, debe fortalecerse la transparencia de los programas nacionales e internacionales de compras gubernamentales. Los programas de gobernabilidad y de reforma del servicio civil deben focalizar como elemento esencial la eliminación de la corrupción asì como asegurar la neutralidad polìtica del propio servicio civil.
  11. Los organismos internacionales deben comprender que sus prácticas internacionales de adquisiciones aun no son plenamente satisfactorias, y que deberán desarrollar más ampliamente propuestas nuevas e imaginativas para establecer programas de adquisiciones en asociación con los gobiernos y el sector privado, incluyendo para ello la utilización de acuerdos anti soborno y de integridad. Las empresas o instituciones licitantes que paguen sobornos deberán ser incluidas en una lista negra.
  12. Las organizaciones internacionales con responsabilidades específicas, incluyendo la INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (WCO), deberán adoptar medidas mandatorias para fortalecer la cooperación internacional para el cumplimiento de la ley.
  13. La regulación de operaciones de todos los centros bancarios internacionales debe ser mejorada a fin de asegurar que los activos bajo su control sean administrados de acuerdo a normas internacionales preestablecidas y los activos obtenidos en forma ilícita sean identificados, congelados y decomisados. Dicha regulación deberá incluir la exclusión del sistema monetario internacional de los centros bancarios off-shore que no logren cumplir con estos estándares. El secreto bancario no debe constituir un escudo para delincuentes y menos ser un obstáculo para el descubrimiento de casos de corrupción.
  14. La reforma y modernización de los sistemas de aduanas sigue siendo una necesidad urgente en muchas partes del mundo, especialmente en lo que atañe a transparencia e integridad. La asistencia para este fin debe provenir de la comunidad de donantes y, particularmente, a travès de la Organización Mundial de Aduanas (WCO), cuyos miembros deberán implementar plenamente la declaración de Arusha de 1993 y la Declaración de Columbia de 1994 y cooperar para asegurar que la transparencia e integridad presidan todas las transacciones del comercio internacional.
  15. La Cámara de Comercio Internacional debe promover la más amplia aceptación por parte de las empresas de códigos de conducta y programas de cumplimiento obligatorio para combatir la extorsión y el soborno a nivel nacional e internacional. Exhortamos a que la adopción de dichos códigos de conducta y programas de cumplimiento obligatorio sea considerada como un requisito para participar en licitaciones de grandes proyectos.
  16. La Asociación Internacional de Fiscales y la Asociación Internacional de Abogados, deberán desarrollar una legislación modelo cuya aplicación haga menos complejo y más expeditivo el tratamiento de casos de corrupción en los diversos sistemas legales existentes, al mismo tiempo que sea compatible con las normas internacionales de respeto a los derechos humanos.
  17. Los accionistas de todo el mundo deberán insistir en que las compañías en las cuales invierten se adhieran a los objetivos del movimiento de administración corporativa.
  18. Las diferentes asociaciones internacionales de contadores, auditores y reguladores deberán desarrollar normas de contabilidad claras y universales con amplio reconocimiento internacional. Es particularmente importante, para la lucha contra la corrupción, que se registre todas las transacciones financieras y que èstas no figuren "fuera de libros" o en cuentas secretas.
  19. Las sociedades internacionales de profesionales deberán efectuar un seguimiento más cercano de sus afiliados nacionales y utilizar su influencia con el fin de asegurar que la normatividad nacional sea protegida, fortalecida y extendida.
  20. Los organismos financieros internacionales y los organismos donantes deberán cooperar con las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de Ìndices de costos de bienes y servicios, a nivel mundial, a fin de identificar anomalìas creadas por la burocracia y la corrupción.
  21. Las instituciones internacionales y regionales deberán efectuar todos sus esfuerzos para difundir el contenido de la presente Declaración y desarrollar programas en su apoyo.

Acciones en el nivel nacional y local

  1. Todos los gobiernos deben operar de manera transparente, rindiendo cuenta de sus actos en todos sus niveles jerárquicos, y brindando acceso al público a toda la información que sea posible. Los gobiernos deben asegurar que las cuentas públicas estèn abiertas al escrutinio público. El papel de la sociedad civil es crucial, sobre todo en los niveles nacional y local, en los cuales su participación debe ser alentada brindándosele libre acceso ante quienes toman decisiones y estableciendo audiencias públicas en asuntos de importancia.
  2. La sociedad civil, asimismo, debe poner su casa en orden, propiciando incluso que los Organismos No Gubernamentales (ONG's) sean reformados por ellos mismos, asegurando la práctica de los mismos estándares de transparencia y rendición de cuentas que reclaman a sus propios gobiernos. Debe, asimismo, permanecer vigilante en defensa de aquellos que son perseguidos por luchar contra la corrupción.
  3. Todos los gobiernos deben asegurar la independencia, integridad y despolitización del sistema judicial como piedra angular del imperio de la ley pues de ello depende todos los esfuerzos para combatir la corrupción.
  4. La Oficina del Defensor del Pueblo, a manera de puente entre el gobierno y la población, puede efectuar una contribución decisiva a la eliminación de la obstrucción y corrupción burocrática. Por esta razón, aquellos países que actualmente no cuenten con esta necesaria institución deberán examinar su adopción como una oficina independiente designada por su Congreso elegido.
  5. Los gobiernos, conjuntamente con la sociedad civil y el sector privado, deberán revisar periódicamente las rendiciones de cuentas no sólo de todos los órganos del estado, sino de los organismos constitucionales autónomos, asegurando que a nivel local èstos constituyan una eficiente barrera contra la corrupción. La normatividad existente sobre conflictos de intereses deberá merecer una especial atención. A este respecto, la crucial Oficina de la Contraloría (Auditoría General del Estado) deberá desempeñar un importante papel, manteniendo y reforzando su independencia.
  6. Los gobiernos que aun no lo han hecho, deberán restringir al mínimo las oportunidades económicas subsistentes para el soborno y la corrupción, tales como son la existencia de monopolios, licencias discrecionales, tasas onerosas asì como regulaciones y licencias que impidan la actividad comercial.
  7. La reforma del servicio civil es esencial para crear un entorno favorable a la lucha contra la corrupción. Todos los participantes en este proceso deberán prestar especial atención a la necesidad de remunerar con salarios adecuados a los servidores públicos.
  8. Especial atención debe prestarse al fortalecimiento de los sistemas de administración financiera y a la transparencia del presupuesto público, proceso en el cual la sociedad civil debe cumplir un importante papel.
  9. De conformidad con sus Constituciones y normas internacionales sobre derechos humanos, los países deberán mejorar al máximo grado posible la eficacia de sus leyes sobre corrupción, incluyendo:
  • la anulación del requisito de demostrar que todo funcionario que recibió un obsequio ilícito realmente otorgó favores a cambio;
  • la introducción de un sistema de declaración de bienes para personas que ostentan cargos públicos de confianza (y para sus familias), con la exigencia de justificar incrementos desproporcionados en relación con sus legítimas fuentes de ingreso;
  • el establecimiento, a través de un organismo independiente, de un sistema de seguimiento aleatorio y periódico sobre los bienes y estilos de vida de los más importantes responsables por la toma de decisiones en el sector público, sus familias y sus asociados;
  • la promulgación de leyes que autoricen efectivamente el congelamiento, embargo y confiscación de riqueza adquirida ilìcitamente por funcionarios culpables de corrupción, donde quiera que sea y cualquiera que sea el responsable;
  • el otorgamiento adecuado de protección para testigos y sus familias, así como para los informantes de actos corruptos;
  • el establecimiento de un sistema de registro de obsequios recibidos por parte de funcionarios públicos;
  • el hecho de asegurar que funcionarios de todos los niveles no puedan protegerse bajo sistemas de inmunidad, de modo que estèn sujetos plenamente a las leyes contra la corrupción; y
  • la prohibición para delincuentes sentenciados de ostentar cargos políticos o puestos de confianza.

    Las medidas precedentes están orientadas a hacer más efectivas la prevención y la fiscalización de actos de corrupción.
  1. Los gobiernos deberán revisar sus procedimientos administrativos de adquisiciones, a nivel nacional y local, en cooperación con el sector privado y la sociedad civil, con miras a asegurar que èstas sean justas, abiertas y competitivas, de manera de cautelar el dinero del público y generar un adecuado entorno comercial para el sector privado.
  2. Las empresas o entidades que en su afán de ganar licitaciones o contratos públicos sobornen a funcionarios, deberán ser incluidas en una lista negra e impedidas de participar en negocios con el estado por un período determinado. Esta sanción deberá aplicarse despuès de una adecuada y justa investigación.
  3. Debido a que la corrupción es un importante obstáculo en los procesos electorales y polìticos, deben implementarse medidas adecuadas a fin de que las donaciones sea a polìticos individuales o a partidos polìticos sean reguladas, registradas y públicitadas, establecièndose lìmites en los gastos de las campañas políticas, los cuales deben ser auditados estrictamente. El establecimiento de programas sostenidos de educación cívica a este respecto es esencial.
  4. Las asociaciones profesionales nacionales, especialmente aquellas de abogados, contadores, mèdicos e ingenieros, deberán evaluar la suficiencia y efectividad de sus códigos de conducta profesional asì como las formas más adecuadas para disciplinar a aquellos miembros de su orden que faciliten o permitan la corrupción.
  5. El papel de los medios de comunicación independientes es esencial para la lucha contra la corrupción pero para que operen efectivamente deben estar libres de hostigamiento y contar con leyes que garanticen la libertad de información, tanto para los ciudadanos como para los periodistas, así como con un sistema legal general que no pueda usarse para silenciar legítimas expresiones de preocupación. Instamos a los gobiernos, a los propios medios de comunicación y a la sociedad civil a asegurar las condiciones que permitan a los medios desempeñar este papel.
  6. Los editores de periódicos de todas partes del mundo deben reflexionar acerca del importante papel que sus públicaciones pueden desempeñar al brindar al público "una voz" para combatir la corrupción, creando conciencia en el público sobre la existencia de mecanismos para presentar quejas y denuncias de la manera más efectiva. Deben, asimismo, considerar las formas como pueden ayudar a fomentar un clima de opinión pública en lo que se refiere a la corrupción y a los corruptos, en el cual, independientemente de lo ricos o poderosos que éstos sean, puedan ser tratados con la sanción moral y rechazo que merecen. Los propios medios de comunicación deben, igualmente, abstenerse de aceptar prebendas o atenciones sociales inadecuadas.
  7. Todos los esfuerzos puestos en las reformas serán en vano a menos que la cultura de la corrupción sea revertida. Por ello, los gobiernos, las escuelas y las organizaciones religiosas, deberán lanzar iniciativas educativas diseñadas para crear conciencia en los jóvenes acerca del incalculable daño que produce la corrupción y de los riesgos personales que corren de involucrarse en ella.
  8. Deberá introducirse Códigos de Conducta en muchas esferas de la vida pública, (incluyendo el ejecutivo, los parlamentos, el poder judicial y los ministerios del sector público), correspondiendo a los gobiernos adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la integridad y el comportamiento ètico de sus administraciones.
  9. Los gobiernos deberán impulsar el uso de encuestas independientes para determinar el grado de satisfacción del público con el desempeño de sus servicios e instituciones. Ello constituye una herramienta útil para identificar áreas de problemas así como para monitorear el progreso efectuado en el mejoramiento de los servicios públicos, haciéndolos menos susceptibles a la corrupción.
  10. Por último, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, deben considerar el establecimiento anual del "día de lucha contra la corrupción" o "día de rendición de cuentas", medida que en varios países ha demostrado ser un instrumento útil para la toma de conciencia sobre el tema. Este concepto deberá ser impulsado por las Naciones Unidas, estableciendo un dìa mundial de acción contra la corrupción.

Solicitamos a la Secretaría General de la Conferencia, para que conjuntamente con la Secretarìa del Consejo Internacional Anticorrupción, Transparencia Internacional (TI), realicen las acciones necesarias para llamar la atención de los gobiernos y otras instituciones pertinentes sobre estas recomendaciones y planteamientos, comprometiéndonos, por nuestra parte, a hacer lo propio.

Esperando reunirnos nuevamente en Sudáfrica, en 1999, afirmamos nuestra convicción sobre la utilidad práctica y el impacto del intercambio periódico de experiencias y hechos exitosos en la lucha contra la corrupción que ha tenido lugar en Lima esta semana pues creemos que hemos efectuado un progreso significativo en orientar el debate internacional sobre medidas prácticas de lucha contra la corrupción. En Sudáfrica, en dos años más, tendremos la oportunidad de evaluar el progreso alcanzado tanto en la lucha contra la corrupción como en el progreso de las medidas establecidas en las líneas precedentes.

Finalmente, expresamos nuestro sincero agradecimiento al Comit Organizador, al pueblo del Perú, a su gobierno, su sector privado y su sociedad civil, por la calurosa bienvenida, la generosidad de su hospitalidad, el desarrollo de una agenda rica e importante, la promoción de la participación de la sociedad civil en la lucha anticorrupción y la visión de un nuevo milenio de ética e integridad.

Lima, Perú

11 de setiembre de 1997

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